Niñas desde 11 a 14 años que resultaron embarazadas a consecuencia de una violación o algún delito como estupro, se convierten en madres impulsadas por la Asociación Vida y Familia Yucatán A.C. (VIFAC). La sociedad civil opina que, autoridades deberían investigar la obstaculización de los derechos de las niñas y adolescentes a la NOM. 046, es decir, la interrupción legal del embarazo.
Por Libres
Mérida, Yucatán, 18 de junio de 2022.- A la Asociación Vida y Familia Yucatán A.C. (VIFAC) llegan niñas y adolescentes de 11, 13 y 14 años de edad embarazadas, todas a consecuencia de una violación o de delitos como estupro. Las menores llevan a término su embarazo, según “por decisión propia”, al menos, eso informó la presidenta de VIFAC, Melba Rosa Abraham Achach.
Mencionó que sólo reciben ayuda si deciden maternar. Es decir, que la aplicación de la NOM. 046, la interrupción legal del embarazo no es opción para ellas.
“Tratamos de que si son violadas por alguien, más si es por alguien que vive en su casa, se lleve a cabo esta denuncia y se detenga a esta persona; porque no es posible que cada día tengamos niñas más jóvenes”, explicó la presidenta de VIFAC, Abraham Achach.
“Hace poco tuvimos a una niña de 11 años que una persona en su casa abusaba de ella y tuvo a su nene. Tenemos niñas de 13 y 14 años, que viven en un entorno que muchas veces no saben ni siquiera que son violentadas. Las apoyamos en lo que todos ellas requieran para tener a ese nene bien y que puedan salir adelante junto con ellas”, relató.
Sin embargo, manifestó que no siempre se lleva a cabo la denuncia, pues dijo respetan “la voluntad de las menores”.
En ese sentido, la activista y coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Amelia Ojeda Sosa señaló que todas las organizaciones que brindan atención a mujeres que viven violencia están obligadas a conocer el marco normativo de protección. Ignorarlo deliberadamente es obstaculizar sus derechos.
“El estado, DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRODENNAY) y los programas de atención a personas en situación de violencia que coordina la Secretaría de Salud de Yucatán, deberían estar vigilantes de que no se imponga esa maternidad”, comentó.
Además, reiteró que asociaciones como VIFAC que se anuncian como protectoras de maternidades y que reciben a niñas y adolescentes que resultan embarazadas por violaciones, deben garantizar el acceso de las menores a sus derechos. Y más, cuando las consultas de control de embarazo son gracias al recurso público.
“Por supuesto que las autoridades lo saben porque los servicios de salud llevan a cabo su control de embarazo y por supuesto que la autoridad lo sabe”, sentenció.
El Estado debe vigilar que la sociedad civil cumpla dentro del marco legal, más si se trata de niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, que son obligadas a ser madres.
La pregunta es ¿por qué el Estado permite que VIFAC obligue a las niñas a convertirse en madres?
También puedes checar el reportaje:
http://www.morlan.mx/adopcionesmexico/vifac.html
