Por Claudia V. Arriaga Durán
San Francisco de Campeche, 19 de marzo de 2026.— La defensa de Rosa N. y Yahari N. ha puesto bajo la lupa las inconsistencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), que mantienen a ambas mujeres en prisión preventiva en el penal de San Francisco Kobén. El abogado Edwin Trejo denunció que no existió una detención en flagrancia y reveló un dato que añade gravedad al caso: ambas se encuentran embarazadas.
«La versión oficial sostiene que la policía la va persiguiendo y que, en plena carrera, ella se quita la indumentaria y los tenis blancos para meterlos en una mochila negra; sin embargo, existen videos en redes sociales que la ubican afuera del campo de softbol, junto al mando policial Víctor Contreras, momentos antes de su detención», declaró.
Durante la audiencia ante la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, surgieron testimonios que la defensa califica como inverosímiles. Una de las policías declaró que, mientras perseguía a Rosa por la Plaza de la República, la mujer logró cambiarse de ropa y calzado, guardando todo en una mochila negra sin detener su carrera. Esta versión no solo desafía la lógica física, sino que contradice lo dicho públicamente por la gobernadora Layda Sansores San Román, quien en su programa Martes del Jaguar aseguró que los arrestos fueron resultado de un seguimiento con las cámaras del C5.
«Ella se dirigió al incidente donde detuvieron a una pareja en un carro verde y tuvo un enfrentamiento con la policía porque grabó el arresto; fue ahí cuando un mando señaló a ‘la mulixita’ y, aunque ella cuestionó por qué la detenían si no cometía un delito, pretendieron capturarla en primera instancia», agregó.
A pesar de estas discrepancias, la jueza mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva. La fiscalía argumentó que las 22 policías denunciantes temen ser agredidas si las acusadas son liberadas, sugiriendo además el riesgo de que vuelvan a atacar el Palacio de Gobierno. Ante esto, el abogado Trejo fue enfático al señalar que una medida tan severa no puede fundamentarse en meros supuestos o hipótesis de lo que «podría pasar», ignorando la presunción de inocencia.
Finalmente, la defensa lamentó que la gobernadora Sansores haya emitido juicios de valor públicos, sentenciando anticipadamente a las mujeres que ejercían su derecho a la protesta. Ante lo que consideran un castigo desproporcionado y un proceso viciado, el equipo legal confirmó que recurrirá al juicio de amparo para buscar que Rosa y Yahari puedan enfrentar la investigación complementaria desde sus hogares, garantizando así su salud y el debido proceso.
