Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 12 de enero de 2025.- La supervivencia de Mari, una mujer de 43 años, se mide hoy en cápsulas. Hace seis años, recibió una segunda oportunidad de vida a través de un trasplante de riñón; sin embargo, esa esperanza se desvanece ante la falta de Tacrolimus en la farmacia del Hospital Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán. Sin este inmunosupresor, el cuerpo de Mari dejaría de reconocer el órgano trasplantado, desencadenando un rechazo que podría ser fatal.
La crisis estalló el pasado jueves 8 de enero. Yolanda Bochas, madre de Mari y su única cuidadora a los 72 años, acudió al hospital por la dosis mensual. La respuesta fue una sentencia de incertidumbre: «No hay, llame el miércoles a ver si ya llegaron». Para Yolanda, esa frase es un eco de los peores momentos de la pandemia. «Eso significa que puede ser que no lleguen», afirma con la angustia reflejada en el rostro.
Una economía de subsistencia frente a la enfermedad
La historia de Mari y Yolanda es una de resistencia extrema. Yolanda, a pesar de su avanzada edad, trabaja como empacadora en un supermercado, donde sus ingresos dependen exclusivamente de las propinas de los clientes. Ese dinero, sumado a su Pensión para el Bienestar, es el único motor económico de un hogar que no tiene más familia en Mérida.
La carga financiera es asfixiante:
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$5,500 pesos mensuales de renta.
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$2,000 pesos mensuales que Yolanda paga religiosamente al IMSS para asegurar el acceso a la salud de su hija.
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Gastos de alimentación especial y tratamiento para la anemia severa que padece Mari.
Mari no puede trabajar. Su calidad de vida se ha visto mermada por los efectos secundarios de los inmunosupresores, que la mantienen débil y con las defensas bajas. Además de la amenaza del rechazo renal, debe inyectarse eritropoyetina tres veces por semana. «Mi hija dice que mejor la hubiera dejado morir, que siente que me robó la vida porque tengo que seguir trabajando de empacadora a mi edad», relata Yolanda, evidenciando el peso emocional que cargan ambas.
El fantasma del desabasto y la precariedad
Esta no es la primera vez que el sistema les falla. Durante el año 2020, en el pico de la pandemia de COVID-19, Yolanda fue retirada de su labor como empacadora por ser población vulnerable. Lejos de descansar, tuvo que trabajar como «viene viene» (acomodadora de autos) para no perder el techo. En ese periodo, también enfrentaron la falta de medicamentos que hoy vuelve a acecharlas.
A pesar de que Mari intenta mantener una apariencia de normalidad —»se arregla para no verse enferma», dice su madre—, la realidad es que su vida transcurre entre hospitales, sitios que paradójicamente debe evitar por su sistema inmune comprometido.
Un llamado desesperado
El riñón de Mari dejó de funcionar a los 36 años sin un diagnóstico claro. Tras desmayarse en Quintana Roo, comenzó un proceso de hemodiálisis que culminó en el trasplante. Hoy, ese esfuerzo de años está en riesgo por un problema administrativo y de suministro.
Actualmente, Mari sobrevive gracias a una caja de reserva que tenían guardada, pero el tiempo se agota. Yolanda Bochas hace un llamado urgente a la dirección del IMSS en Yucatán: la vida de su hija no puede esperar a un «quizás el miércoles». Para ellas, el acceso al Tacrolimus no es un trámite administrativo, es la diferencia entre la vida y un desenlace que Yolanda se niega a aceptar.
