Redacción y fotografías: Sofia Vital
El derecho a una vida digna se ha convertido en uno de los temas más complejos de los últimos años en México. Acceder a una vivienda ya no implica únicamente contar con un espacio físico, sino encontrar un lugar donde las familias puedan vivir con tranquilidad, en paz y con la certeza de que su hogar es un sitio seguro. Para muchas personas, después de extensas jornadas laborales, una casa representa el único refugio posible frente al desgaste cotidiano: un espacio para convivir con la familia y descansar sin miedo.
Sin embargo, ese ideal se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar. El encarecimiento de la vivienda, las largas distancias entre los fraccionamientos y los centros de trabajo, así como la falta de servicios básicos como agua potable, electricidad constante y transporte público eficiente, han marcado la experiencia de miles de familias. Encontrar una casa que cumpla con condiciones mínimas de habitabilidad se ha convertido, en muchos casos, en una cuestión de suerte.
A este panorama se suma una problemática cada vez más frecuente: la adquisición de viviendas en nuevos desarrollos sin información clara sobre su entorno, riesgos o infraestructura colindante. En los últimos años han surgido numerosos testimonios de habitantes de fraccionamientos recién construidos que aseguran haber comprado sus casas sin conocer la instalación de obras industriales cercanas. Aunque existe la percepción de que los compradores debieron investigar mejor, la realidad es más compleja: no todas las inmobiliarias ofrecen información transparente.
Esto es lo que, de acuerdo con los vecinos, ocurrió en el fraccionamiento Gran Calzada Umán, en Yucatán. Al adquirir sus viviendas, las familias confiaron plenamente en la información proporcionada y decidieron establecerse en el lugar sin imaginar que su vida cotidiana cambiaría de forma radical. Lo que comenzó como un proyecto familiar se transformó en una experiencia de desgaste físico y emocional que, aseguran, ha afectado seriamente su salud y tranquilidad.
El conflicto gira en torno a la instalación de una estación de compresión de gas, conocida como booster, perteneciente a Energía Mayakan, empresa operada por la francesa ENGIE. De acuerdo con los testimonios, la construcción comenzó apenas cuatro días después de que algunas familias recibieran sus casas. Para muchos vecinos, la magnitud del proyecto no fue clara desde el inicio; otros aseguran que nunca fueron informados.
Karina Matos tiene 33 años, es ama de casa y vive en la etapa 4 del fraccionamiento Gran Calzada. Es madre de cuatro hijos y relata que adquirió su vivienda por aproximadamente 800 mil pesos. Señala que conoció la casa hasta el momento de la entrega y que nunca fue informada sobre la instalación de una estación de gas cercana. Afirma que solo se les dijo que no existía peligro alguno.
“Para nada, ninguna encuesta, en ningún momento se nos explicó que se trataría de una estación donde se iba a acumular tantos cilindros de miles y miles de litros de gas”.
Las primeras molestias comenzaron con las excavaciones, el polvo y el movimiento constante de tierra. Sin embargo, la situación se agravó cuando iniciaron las pruebas del booster. Durante ese periodo, el ruido fue intenso y continuo, impidiendo el descanso nocturno. A esto se sumaron olores persistentes a gas, vibraciones dentro de las viviendas y luminarias encendidas durante toda la noche.
“Desde que se empezó a escarbar, empezaron a remover tierra, para mí siempre fue una molestia, pero las pruebas fueron horribles, ruido a todo lo que da, no te dejaban dormir, además de olores a gas que ellos decían que no, pero sí se sentían, luminarias intensas y vibraciones de las casas”.
Karina asegura que estas condiciones han impactado directamente su salud. Refiere dolores de cabeza constantes, altos niveles de estrés y un miedo permanente provocado por los olores provenientes de la instalación. Durante meses, su familia permaneció prácticamente encerrada en casa. Con el tiempo, se han visto obligados a salir, aunque la preocupación persiste.
Su principal angustia son sus hijos. “Yo tengo cuatro hijos y mi economía tampoco es para decir que yo pueda salir de aquí. La preocupación está al 100, al 1000”. Afirma que no cuentan con una salida de emergencia clara. “No tenemos una salida de emergencia a todo esto que tenemos aquí”.
Dormir se ha vuelto casi imposible. “Ya va para un año que no sé qué es dormir”. Vive en alerta constante y afirma que su familia se encuentra atemorizada. Recuerda que autoridades estatales les prometieron una reubicación, compromiso que hasta ahora no se ha cumplido. “No tenemos nada de él, ninguna respuesta, nos traen de aquí para allá… lo que más necesitamos es una reubicación lo más pronto posible, porque no es sano vivir así”.
La vivienda de Karina se encuentra a tres metros de la primera tubería. Al comprender la magnitud del problema, considera que existió una falta de confianza por parte de la inmobiliaria y de la empresa. “No nos dijeron en absoluto que viviríamos pegaditos a una estación de gas, me siento estresada y decepcionada, las casas nos las vendieron a base de mentiras, a base de engaños”.
Karina lanza una advertencia: “Que no esperen que nos pase algo, como ha pasado en otros lugares”. Recuerda que en el fraccionamiento viven niños, personas adultas mayores y mascotas. “No esperen que tenga que pasar una tragedia para podernos dar una solución”.
Abner Torres, de 29 años, químico farmacobiólogo y residente del fraccionamiento desde agosto de 2024, relata una experiencia similar. Adquirió su vivienda sin saber que a pocos metros se instalaría una estación de compresión de gas. El terreno colindante estaba vacío y no existía advertencia alguna.
“Cuando nos entregaron la casa, como al cuarto o quinto día, empiezan los trabajos aquí atrás. No nos consultaron si estábamos conformes, nos dieron información a medias”.
Representantes de Energía Mayakan acudieron posteriormente con folletos que destacaban supuestos beneficios ambientales. Desde el inicio, afirma, los vecinos manifestaron su inconformidad. “Desde el primer día se les externó que no estábamos conformes”.
En reuniones con autoridades, señala que la empresa minimizó las preocupaciones vecinales. “Ellos dijeron que visitaron la comunidad 50 veces, cuando con trabajo hicieron unas cinco”. Además, las reuniones se realizaban en horarios inaccesibles. “Muchos trabajan hasta las 10 o 12 de la noche, y las reuniones eran a las seis”.
Las pruebas de operación marcaron un punto de quiebre. “No podía dormir, me ponía tapones en los oídos… el ruido, el olor a gas”. Señala que la empresa reconoció el uso de mercaptano, confirmando el origen del olor.
El impacto, afirma, no es solo físico sino emocional. “Vivimos con miedo todos los días… la vida humana no tiene costo”. Cuestiona la falta de protocolos y recuerda una frase que generó indignación: “Si suena la alarma, corremos todos”.
Los vecinos señalan que su preocupación no surge en el vacío. En 2022, una explosión en Matamoros, Tamaulipas, vinculada a una red de gas de ENGIE, causó la muerte de dos jóvenes y en el 2023 dejo una victima. En diciembre de 2024, el periódico francés Le Monde documentó una serie de explosiones mortales relacionadas con redes de gas en México.
Visitar a los vecinos del fraccionamiento Gran Calzada Umán permite dimensionar con mayor claridad la problemática que enfrentan. Desde el ingreso a la zona, algunos habitantes señalan la presencia de un ligero olor a gas que genera inquietud y refuerza la sensación de riesgo permanente. No se trata solo de una percepción aislada, sino de una experiencia cotidiana que afecta la tranquilidad de quienes viven a escasos metros de la infraestructura.
Los riesgos asociados al gas natural no son solo inmediatos o visibles, también son ambientales. Aunque suele presentarse como una opción “más limpia”, su uso sigue generando contaminación y gases que contribuyen al cambio climático. Estos impactos ocurren en todas las etapas del gas, desde su extracción hasta su transporte y consumo, y pueden afectar tanto al medio ambiente como a la salud de las personas si no existe una supervisión adecuada.
La inconformidad de los habitantes de Gran Calzada Umán también llegó a la vía legal. Vecinos promovieron un juicio de amparo para frenar la instalación y operación del booster del gasoducto Mayakán, al considerar que vulnera su derecho a la salud, a la seguridad y a un medio ambiente sano. En una primera etapa, se otorgó una suspensión provisional que ordenaba detener la operación mientras se analizaba el caso.
Sin embargo, posteriormente la jueza federal negó la suspensión definitiva, al considerar prioritario el suministro de gas natural para la generación eléctrica. Para la comunidad, esta resolución significó que se privilegiara un “bien mayor” por encima de la seguridad de las familias que habitan a escasos metros de la infraestructura. Tras esta negativa, los vecinos mantuvieron protestas y acciones pacíficas, insistiendo en que su lucha no es contra el desarrollo, sino contra la imposición de proyectos sin información, consulta ni garantías suficientes para proteger la vida y la dignidad de quienes viven en la zona.
El 17 de diciembre, durante su conferencia matutina, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se refirió al conflicto en el fraccionamiento Gran Calzada Umán relacionado con la empresa ENGIE. Aseguró que el gobierno del estado ha atendido el tema desde que surgieron las primeras manifestaciones de preocupación y que no se ha abandonado a las vecinas y vecinos.
Indicó que, desde octubre, autoridades estatales han acompañado a la comunidad mediante mesas de diálogo y un dictamen técnico, y que el caso fue turnado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para una verificación federal. El gobernador señaló que el objetivo es alcanzar acuerdos que garanticen el respeto a los derechos de las familias y que puedan vivir con tranquilidad.
En México, la expansión de la infraestructura de gas se ha impulsado como parte de la transición energética. Sin embargo, esta estrategia entra en contradicción con los compromisos del país para reducir emisiones y aumentar el uso de energías limpias. Especialistas advierten que el gas puede retrasar el desarrollo de energías renovables, además de implicar riesgos por emisiones, por el uso del fracking y por una dependencia prolongada a este combustible.
Estos señalamientos han sido documentados por el Natural Resource Governance Institute (NRGI). Para los vecinos de Gran Calzada Umán, este debate no es teórico: se refleja en su vida diaria y refuerza su exigencia de que no se normalicen los riesgos y que se prioricen la salud, el medio ambiente y el derecho a vivir con dignidad.
