El agua ya no puede purificarse de manera sencilla: se necesitaría maquinaria especial y costosa para que fuera realmente apta. Y más allá de la calidad, enfrentamos un desafío aún más grave: el riesgo de que deje de salir agua por nuestras tuberías.
Por Sofía Vital.
De pequeña recuerdo que el agua potable era utilizada por mis abuelos no solo para cocinar y beber, sino también para los animales, las plantas y todo lo que nos rodeaba. Bastaban unas gotas de agua limpia para sostener la vida. En aquellos tiempos, el agua no presentaba colores extraños ni olores desagradables. El único problema era su alto nivel de salinidad, pero bastaba con purificarla y podía usarse sin mayor complicación. Incluso los animales y las plantas la aprovechaban sin riesgo.
Hoy la situación es muy distinta. El agua ya no puede purificarse de manera sencilla: se necesitaría maquinaria especial y costosa para que fuera realmente apta. Y más allá de la calidad, enfrentamos un desafío aún más grave: el riesgo de que deje de salir agua por nuestras tuberías.
Escasez y desigualdad en el acceso
En varios municipios de Yucatán ya hay colonias donde apenas llega el agua, mientras que en Mérida comienzan a registrarse problemas de desabasto. El contexto se agrava porque vivimos en una zona de temperaturas extremas, donde el uso del agua es más frecuente.
Como me dijo un colega: “De nada sirve que lave mi coche con el agua con la que me baño, si las megaempresas se llevan todo en un solo día”.
El problema no es solo local. A nivel nacional, varios estados enfrentan agua contaminada, con poblaciones que enferman mientras se agrava la escasez.
El debate legal y el “apartheid del agua”
Las redes sociales han servido para difundir esta crisis y la disputa por el derecho al agua. El 25 de septiembre, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua lanzó una advertencia contundente: la actual Ley de Aguas Nacionales es un desastre y abre la puerta a un “apartheid del agua”, un sistema que protege a grandes empresas otorgándoles concesiones, mientras deja en el olvido el derecho humano de la población.
El anuncio encendió las alertas tras las declaraciones de la CONAGUA sobre corregir irregularidades en concesiones. Aunque se celebra la intención, la preocupación es que el Gobierno solo busque “fortalecer la rectoría del Estado” sin garantizar participación ciudadana ni cumplir con la Constitución.
El temor es que, bajo el disfraz de una nueva normativa, se perpetúe la lógica neoliberal de la ley “salinista”, imponiendo megaproyectos y acuerdos con grandes usuarios industriales, mientras la población queda en segundo plano.
La paradoja del agua en Yucatán
El 1 de octubre se convocó a una urgente rueda de prensa, irónicamente, día que se celebró el Día Internacional del Café, recordando que producir un kilo de café tostado requiere 21,000 litros de agua. Una simple taza de café tiene una huella hídrica de 140 litros. Pero más allá de la cifra, el mensaje es claro: urge concientizar que el agua es vida, y sin ella no hay futuro posible.
La rueda prensa fue convocada por la Contraloría Social Autónoma del Agua de Yucatán, junto con activistas y redes ambientales, donde se advirtió sobre la “Emergencia del Agua”
Aunque no presentaron estadísticas rojas, la información transmitida despertó gran preocupación.
Se señaló que el problema nace en 1992, cuando la Ley de Aguas Nacionales convirtió el agua en mercancía. Hoy, apenas el 7% de los concesionarios concentran el 30% del aguaconcesionada en el país. En 2012, la Constitución reconoció el derecho humano al agua y mandató al Congreso a expedir una Ley General de Aguas en un año. Han pasado años y esa ley no existe; en cambio, la CONAGUA insiste en “reformar” la ley vigente, negándose a abrogarla.
El acuífero en riesgo
El acuífero de la Península de Yucatán, que aporta más del 32% de la recarga de agua del país, atraviesa una crisis grave:
1.La disponibilidad de agua cayó 64% en los últimos 20 años.
2.El agua ya está contaminada con coliformes, plaguicidas tóxicos, metales pesados, antibióticos y microplásticos.
Los activistas señalaron a las autoridades estatales por su falta de asesoría y por permitir que la crisis se acelere, en complicidad con empresas contaminantes, sobre todo las granjas porcícolas. Estas, en su mayoría, operan ilegalmente: sin estudios de impacto ambiental ni consulta a pueblos mayas, contaminando con pesticidas y desechos.
Exigencias y advertencia final
Para frenar el “apartheid del agua”, la Contraloría exige:
1. Abrogar la Ley de Aguas Nacionales.
2. Implementar de inmediato la Ley General de Aguas, iniciativa ciudadana que garantiza el derecho humano, prohíbe el fracking y detiene la privatización.
El mensaje fue claro: el Gobierno no puede seguir aprobando megaproyectos como cervecerías o granjas masivas mientras la disponibilidad y calidad del agua para la gente se desploma.
“El agua es la vida misma. Cuando las leyes sirven para quitarle el agua a los pueblos y dársela a las industrias, verdaderamente tenemos un problema como humanidad”.
Yucatán no está a la venta: su cultura no es un negocio, su sociedad no es mano de obra barata, y su patrimonio debe respetarse con consulta a sus pueblos. El “progreso” no puede justificarse con palabras, sino con acciones que garanticen el bienestar social y ambiental.
La cuestión final es alarmante: el agua ya está monopolizada. ¿Cuánto falta para que los mexicanos debamos pagar sumas extremas por cada gota necesaria para existir? Puede sonar absurdo, pero en esta época la realidad es dura: para vivir, tenemos que pagar.
