Después de casi medio año de una ardua batalla legal y social, Sharon Cimá ha recuperado la custodia de sus dos hijas. Este jueves, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY) restituyó a las menores a su madre, en un caso que requirió la intervención del gobierno federal y que escaló hasta la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Por Fabio Fuentes
Durante la conferencia, la mandataria aseguró que contactaría al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para garantizar la resolución de un caso que evidenció graves irregularidades en las autoridades locales.
Una odisea marcada por amenazas y abusos
El conflicto inició hace seis meses cuando Sharon Cimá denunció haber sido víctima de acoso sexual y amenazas por parte de un comandante de la policía municipal de Kanasín, identificado como Roca. Según los testimonios, este agente habría utilizado su posición de poder para intimidarla, desatando una serie de represalias que culminaron con la sustracción de sus hijas bajo pretextos infundados.
Durante este tiempo, Sharon enfrentó un complicado camino por diversas instancias gubernamentales en busca de apoyo, sin obtener resultados favorables. Fue hasta que el caso atrajo la atención pública y mediática, gracias a la intervención directa de la presidenta Sheinbaum, que se logró acelerar el proceso para que pudiera reunirse nuevamente con sus hijas.
La intervención del gobierno federal fue decisiva para resolver un caso que, de acuerdo con la madre afectada, estuvo marcado por la negligencia y posibles actos de violencia en las instituciones locales que previamente habían rechazado restituir la custodia, finalmente cedieron tras las presiones políticas y sociales derivadas del seguimiento nacional al caso.
El camino legal continúa
Aunque Sharon Cimá ha logrado reunirse con sus hijas, el caso está lejos de concluir. La denuncia contra el comandante Roca sigue activa, pero hasta el momento no se ha informado sobre alguna acción legal en su contra o una investigación formal sobre las irregularidades que afectaron a la familia.
Este episodio ha puesto de relieve las graves fallas en la protección de los derechos de las mujeres y los menores en México, así como la necesidad de garantizar justicia en casos de abuso de poder.
El caso ha generado un amplio debate en torno a la urgencia de reformas estructurales en los procedimientos de las instituciones encargadas de la defensa de la niñez y la atención a víctimas de violencia institucional en el país.
