Exalcaldes del PRI y PAN, comisarios corruptos y la fuerza policial municipal operan una red de despojo y desposesión arbitraria que ha dejado desprotegidos a más de 80 campesinos y sus tierras.
Por Claudia V. Arriaga Durán
Kanasín, Yucatán, 19 de septiembre de 2026— A solo 8.2 kilómetros de Mérida (unos 15 minutos en vehículo), los ejidatarios del municipio de Kanasín enfrentan desde hace más de tres décadas la desposesión sistemática de sus tierras. La red de despojo, según denuncian los afectados, es operada por una mafia inmobiliaria integrada por exalcaldes y comisarios ejidales, quienes han echado mano de la Policía Municipal para intimidar, arrestar arbitrariamente y expulsar a los campesinos de sus parcelas.
Violencia institucional para el despojo
Entre las figuras políticas señaladas destacan los exalcaldes William Pérez Cabrera (PRI) y Francisco Canul Uicab, alias “Pancho Huech” (PAN). Ambos utilizaron a la fuerza pública municipal para presionar a los dueños legítimos, arrebatarles las hectáreas y posteriormente reevenderlas a particulares y desarrolladores.
El caso de Aristeo Pech, de 64 años, ejemplifica el nivel de hostigamiento. El campesino, que solo habla maya y se ha dedicado al campo desde la infancia, cuenta con escrituras de su predio; sin embargo, en 2020 fue encarado por «Pancho Huech», quien pretendía adueñarse del terreno. Tras negarse a abandonar el predio, el hostigamiento escaló: en 2023, la Policía Municipal de Kanasín irrumpió en su parcela para arrestarlo sin orden judicial.
«Regularmente llegaba a la 1 de la tarde a mi casa, pero ese día dieron las 3, las 4 y no había llegado. Fueron a mi terreno y solo vieron mi triciclo tirado. Me alzaron a las 10 de la mañana y a las 2 de la mañana mi hijo me encontró en la cárcel de Kanasín», relató Aristeo.
Aunque logró conservar la titularidad del terreno, le fue cercenada la fracción que colinda con el trazo del Tren Maya.
El boom inmobiliario y la presión por el Tren Maya
La reactivación de megaproyectos en la zona ha encendido el valor de la tierra. José Chan, contador público originario de Kaua con 25 años en Kanasín y defensor del territorio, ha documentado al menos 80 casos de despojo o resistencia campesina en el municipio. Señala que la llegada de las vías del Tren Maya recrudeció la agresividad de las invasiones.
Chan recuerda que en 2018 el exalcalde priísta William Pérez encabezó un desalojo arbitrario contra un campesino que vivía en su humilde choza. Un abogado intervino a tiempo cuestionando la orden judicial de desalojo; al admitir el comandante que no contaban con dicho mandato, las fuerzas policiales tuvieron que retirarse.
Las anomalías también ocurren desde el interior de la Casa Ejidal. El actual comisario, Eleuterio Pech, ha sido acusado de invalidar certificados agrarios vigentes para forzar a los dueños a pagar «tramitaciones» de 5 pesos por metro cuadrado. Para productores como José Puch, quien posee 18 hectáreas devastadas por el ganado de ranchos colindantes, esta suma resulta insostenible de costear.
Modus operandi e impunidad política
Las maniobras para apoderarse del patrimonio ejidal operan mediante vacíos legales intencionados:
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Pérdida de derechos: Los comisarios evitan notificar al Registro Agrario Nacional (RAN) sobre el reconocimiento de ejidatarios legítimos, dejando vacíos que son aprovechados por empresarios.
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Asambleas amañadas: Se bloquea la participación de los verdaderos ejidatarios, omitiendo la lectura de actas y condicionando pagos a cambio de votos sobre parcelas cuya ubicación se oculta.
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Destrucción con maquinaria: Se señala la participación de particulares como Antonino Cascio González (con antecedentes de trabajo en el RAN) y Hernán Cárdenas, acusados de ingresar con maquinaria pesada para arrasar cultivos, sistemas de riego y viviendas.
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Ventas irregulares: Se menciona a Marcelino Uicab Uicab, “San Ku”, quien vendió predios de la colonia San Francisco a empresas como Sofimex, que hoy comercializan los m² a 35 pesos.
Ambos exalcaldes involucrados arrastran historiales de irregularidades: «Pancho Huech» fue señalado por malversación de fondos y por permitir la instalación de centros nocturnos en el municipio, mientras que William Pérez Cabrera acumula denuncias por violencia política en razón de género, desvío de recursos federales y falsificación de documentos, manteniendo aun así su actividad política con el PRI.
Exigencia de intervención estatal
Ante el escalamiento del despojo, la comunidad ejidal comenzó a organizarse activamente desde hace dos años. El 2 de septiembre de 2024, una comisión de afectados se presentó ante el entonces gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena (“Huacho”), para entregarle un pliego petitorio.
Los ejidatarios exigen la intervención urgente del Registro Agrario Nacional (RAN) para respaldar la celebración de asambleas legítimas, la expedición de constancias de vigencia de derechos e investigaciones profundas que frenen los abusos de las autoridades locales y los especuladores inmobiliarios.
