De las 52 carpetas de investigación iniciadas por crímenes de género entre 2018 y 2026 en el estado, 17 continúan detenidas en la burocracia de la Fiscalía General, en un proceso donde las indagatorias tardan hasta tres años y la mayoría de los agresores pertenecen al entorno íntimo de las víctimas.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 19 de agosto de 2026.- Entre los años 2018 y marzo de 2026, el estado de Yucatán registró un total de 52 denuncias e investigaciones formales por el delito de feminicidio, lo que arroja una tasa sostenida de 6.5 crímenes de género al año, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtenidos vía acceso a la información.
Detrás de la narrativa institucional de paz pública, las cifras oficiales revelan una violencia estructural perpetrada de manera abrumadora por el entorno inmediato de las víctimas —esposos, novios y exparejas—, combinada con un aparato de procuración de justicia signado por la lentitud, la opacidad y la omisión sistemática de la perspectiva de género.
La distribución geográfica de la violencia feminicida alcanza a 15 de los 106 municipios de la entidad, mostrando una marcada concentración en las zonas urbanas y periféricas. Mérida encabeza la incidencia con 36 carpetas de investigación (69.2%), mientras que las agencias regionales atendieron 16 casos (30.8%), extendiéndose la mancha de impunidad a demarcaciones como Kanasín, Umán, Progreso, Motul, Izamal, Maxcanú, Tecoh, Tixkokob, Akil, Baca, Telchac Puerto, Santa Elena y Tahdziú. La concentración de casos evidencia que el espacio dentro del hogar e íntimo continúa siendo el entorno de mayor riesgo mortal para las mujeres en el estado.
El acceso a la justicia penal muestra un grave estancamiento burocrático que constituye una forma secundaria de violencia institucional.
Del total de 52 carpetas iniciadas, únicamente 35 lograron ser judicializadas, lo que equivale a un preocupante 67.3% de desahogo procesal. Esto significa que el 32.7% de los expedientes (17 casos) permanecen archivados, estancados en fase de investigación inicial o desviados hacia salidas alternas que invisibilizan la gravedad de la violencia machista.
En términos operativos, la Fiscalía solo logra llevar ante un juez un promedio de 4.3 carpetas por año, mientras que el tiempo de integración de las investigaciones se dilata alarmantemente hasta por 36 meses, sometiendo a las familias a casi tres años de incertidumbre e impunidad.
El análisis forense e integrativo de las 35 causas judicializadas confirma la extrema crueldad ejercida contra los cuerpos de las mujeres. La asfixia mecánica —mediante estrangulamiento, sofocación o ahorcamiento— se posiciona como la causa médica principal de muerte en siete casos consignados, acompañada por ejecuciones con armas de fuego, agresiones con armas cortopoyantes y severos traumatismos craneofaciales y abdominales.
El caso de Patricia
Un patrón ilustrativo del sesgo patriarcal en las instituciones es el caso de Patricia Guadalupe Alpuche Chuc, joven de 24 años hallada en 2014 en una fosa clandestina en Mérida. La FGE omitió emitir fichas de búsqueda y no activó el Protocolo Alba, dejando la localización del cuerpo a cargo de los familiares. El delito fue reclasificado de forma arbitraria como homicidio calificado y no como feminicidio, lo que resultó en una condena atenuada de 15 años para el agresor directo, la total impunidad para los cómplices que ocultaron la escenografía del crimen y la invisibilización de la fosa en el Registro Nacional de Fosas Clandestinas.
A pesar del rezago procesal en la fase indagatoria, el Poder Judicial de Yucatán reporta 83 sentencias condenatorias por feminicidio entre 2018 y 2026 (incluyendo a dos mujeres responsables y fijando una pena máxima de 88 años de prisión), cifra que corresponde a la resolución diferida de expedientes acumulados de periodos anteriores. Sin embargo, la discrepancia entre las condenas emitidas y el lento flujo de judicialización actual confirma un modelo de justicia reactivo y diferido que no previene la violencia ni garantiza una reparación integral a las víctimas indirectas.
| Indicador / Criterio de Análisis | Dato / Cifra Oficial | |
| Total de carpetas de investigación (2018-2026) | 52 casos | Promedio de 6.5 feminicidios al año; evidencia la persistencia del riesgo mortal para las mujeres. |
| Sujetos agresores identificados | 100% entorno cercano | Perpetrados por esposos, novios o exparejas; el hogar representa el espacio de mayor vulnerabilidad. |
| Distribución territorial de los casos | 15 municipios | Concentración del 69.2% en Mérida (36 casos) y 30.8% en 14 municipios regionales (16 casos). |
| Carpetas judicializadas | 35 casos (67.3%) | Solo 4.3 carpetas al año llegan a juzgados; baja efectividad en el avance de las indagatorias. |
| Rezago e impunidad procesal | 17 casos (32.7%) | Expedientes estancados en fase inicial, archivados o desviados a otras vías no penales. |
| Tiempo promedio de investigación | Hasta 36 meses | Dilación burocrática de hasta 3 años que revictimiza a las familias y obstaculiza la justicia. |
| Mecanismo lesivo predominante | Asfixia mecánica (7) | Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, además de uso de armas de fuego y armas blancas. |
| Sentencias condenatorias (2018-2026) | 83 personas | Incluye resolución de rezagos de años previos; la pena máxima aplicada alcanzó los 88 años de prisión. |
