Por Sofía Vital
El 30 de julio de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura temporal-total en el predio del proyecto inmobiliario «Las Dunas», en Chuburná Puerto, municipio de Progreso. La medida quedó registrada bajo el folio PFPA/YUC/092/IA/2026, expediente ExpPFPA/3712/354/0080-26.
Para quien haya seguido el caso desde el terreno, como hicimos el 24 de julio, acompañando al colectivo Salvemos las Dunas de Chuburná, la clausura no fue sorpresa: confirmó lo que vecinos, pescadores y activistas venían señalando desde semanas antes, que la obra había ido más allá de lo que sus propios permisos autorizaban.
Ya con el comunicado oficial de Profepa (2 de agosto de 2026) se puede reconstruir con precisión lo que motivó la clausura. Los días 28 y 29 de julio se realizó una inspección de impacto ambiental, y el 30 de julio una segunda en materia forestal. Ambas encontraron que la obra, aunque en etapa inicial, ya había desmontado por completo la vegetación en una superficie de 1.3 hectáreas (13 mil m²), equivalente al 30.8% de todo lo que el proyecto tenía autorizado para cambio de uso de suelo.
El hallazgo más grave: dentro de esa zona ya arrasada, los inspectores detectaron, en aproximadamente la mitad de la superficie desmontada (0.65 hectáreas, 6,500 m²), ejemplares de cinco especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT que la empresa nunca reportó:
- Algodón (Gossypium hirsutum), sujeta a protección especial.
- Biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri), en peligro de extinción.
- Iguana rayada (Ctenosaura similis).
- Matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus).
- Colibrí tijereta (Doricha eliza).
Según el propio comunicado, las dos especies de flora, el algodón y la biznaga cabeza de gato, ni siquiera aparecían en la Manifestación de Impacto Ambiental original, y por tanto tampoco fueron incluidas en el Programa de Rescate de Flora que la autorización condicionada exigía tener listo antes de desmontar. Los inspectores también reportaron bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de su sitio y marchitándose, sin haber sido rescatadas para reubicarlas en las áreas de conservación previstas.
Profepa calificó el daño como irreversible para la estabilidad del ecosistema y como pérdida directa de biodiversidad. Con base en estos hallazgos, determinó que existen infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por incumplir las condicionantes del cambio de uso de suelo y por dañar un ecosistema forestal de duna costera con matorral y manglar, e impuso la clausura temporal total, además de abrir el procedimiento administrativo correspondiente.
Y hay algo más serio detrás de esas infracciones administrativas: Profepa señaló que las omisiones, incumplimientos y el daño a especies protegidas pueden constituir un delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, y que evaluará las medidas pertinentes frente a la omisión de datos sustanciales en la propia Manifestación de Impacto Ambiental.
Que exista un comunicado oficial, con hallazgos técnicos y hasta una posible vía penal, no significa que el conflicto esté resuelto. El colectivo Salvemos las Dunas ya había cuestionado, apenas un día después de la clausura, que la medida consistiera solo en una lona en la entrada del predio, dejando sin sellar accesos y maquinaria pesada dentro. La empresa desarrolladora, por su parte, ya inició acciones legales para revertir la medida. Y sigue sin resolverse la pregunta de fondo que el reportaje original dejó abierta: no hay evidencia de que se haya activado el mecanismo de consulta pública que la ley prevé para que la comunidad pudiera opinar sobre el expediente que duplicó el tamaño del proyecto, de 74 a 138 departamentos.
Mientras eso se resuelve por la vía legal y administrativa, en el terreno queda lo que documentamos hace unos días: arena removida en montículos que no formó el viento, un escalón en la playa que marca hasta dónde llegaba el mar, y un nido de colibrí entre lo poco que queda de la duna.
