Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 6 de abril de 2026.- El director de la fundación Yansa, Sergio Oceransky, fue detenido este lunes en el Juzgado de Control 11 de Tonalá, Jalisco, pese a contar con una suspensión legal emitida por el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán. La detención ocurrió cuando el activista acudió voluntariamente a una audiencia por una acusación de extorsión que él mismo califica como infundada.
Alejandra Poot, integrante de Yansa, denunció la irregularidad del acto. “Fue detenido de forma arbitraria sin importar que exista una orden de suspensión; nos encontramos indignados porque, pese a que se informó de dicha protección legal, la Fiscalía de Jalisco procedió con el arresto”, comentó.
La defensa de Oceransky sostiene que el proceso ha estado plagado de inconsistencias, pues el activista fue notificado apenas el viernes pasado para comparecer este lunes, sin haber tenido acceso previo a la carpeta de investigación.
Al respecto, la organización civil enfatizó que la orden de arresto original fue condicionada por un juez federal a la entrega de un domicilio para notificaciones, requisito que Sergio cumplió puntualmente.
“Es una situación que vulnera todos sus derechos y garantías; vamos a interponer todos los recursos legales para que el director recupere su libertad”, aseguró Poot, subrayando que el activista ni siquiera conoce a la parte acusadora.
Este conflicto legal se enmarca en una serie de tensiones por la defensa del territorio en Yucatán, donde Oceransky ha acompañado a comunidades mayas de Dzitnup, Ixil, Kinchil y Molas en su lucha contra el despojo de tierras.

El propio defensor denunció previamente que estas acciones legales forman parte de una “campaña difamatoria pagada por empresarios inmobiliarios”, señalando directamente al desarrollo Ciudad Maderas en Chuburná y Chelem como el principal orquestador de estas agresiones, luego de que sus denuncias lograran suspender dicha obra.
Tras la detención, el activista fue trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande, mientras su equipo legal busca revertir la situación jurídica.
“Exigimos a las autoridades de Jalisco verdad con justicia y de manera transparente”, sentenció Alejandra Poot, quien aclaró que el futuro inmediato de Oceransky depende de la próxima resolución judicial. En dicha instancia, el juez de control deberá analizar las pruebas de la defensa y decidir si se modifica la medida cautelar, permitiendo que el defensor de derechos humanos continúe el proceso en libertad o si se mantiene la prisión preventiva.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Jalisco justificó el uso de la fuerza pública bajo el argumento de que el señalado no se presentó a citas previas, lo que lo calificaba técnicamente como sustraído de la justicia. No obstante, la fundación Yansa insiste en que el arresto es una represalia política por su labor ambiental. En las próximas horas, el juez determinará si cambia la medida cautelar en lo que sigue el proceso, un fallo crucial que definirá si Oceransky puede defenderse fuera de las celdas de Puente Grande ante lo que sus allegados consideran una persecución judicial.



