Por Claudia V. Arriaga Durán.
Además de enfrentar cargos por delitos sexuales, el señalado es acusado de manipular su patrimonio para evadir la pensión alimenticia y de intentar criminalizar a la madre mediante denuncias de violencia vicaria para mantener el control sobre las menores.
Mérida, Yucatán, 8 de marzo de 2026.- Celso D.R.C. fue vinculado a proceso por abuso sexual equiparado agravado y acoso sexual en agravio de Chiquis, una menor de 12 años. La víctima es la hija mayor de su expareja, Andrea Lizama; sin embargo, pese a la resolución judicial, el agresor exige mantener el régimen de convivencia con Chapis, la hija que tienen en común.
Desde la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, que generó la carpeta de investigación 109/2025, Andrea tuvo que enfrentar la burocracia y una justicia sin perspectiva de género.
Explicó que el juez Luis Fernando Dorantes Canche – con sede en Kanasín – , pese a la denuncia del delito sexual, autorizó que Celso pasara tiempo con la menor en el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay). Además que siempre la calificó sus acciones como las de una “mujer dolida”.
“El juez me dijo que no sabía diferenciar entre los derechos de mi hija y lo personal, que yo estaba dolida porque (Celso) se fue con otra persona. Se me hizo misógino porque no tiene nada que ver que pelee los derechos de mi hija a la relación con la persona con la que está”, explicó, aun así cabe la precisión de que Andrea tras interponer la denuncia se salió de la casa con sus dos hijas.
El abuso sexual ocurrió de 2020 a 2022. Pasaron dos años hasta que finalmente, Chiquis pidió ayuda a su mamá. La menor no le había platicado a su mamá porque Celso la amenazó. Le advirtió que le haría lo mismo a su hermanita y que lastimaría a Andrea.
La primera vez que supo del abuso sexual, Andrea entró en shock y confrontó a su expareja. No dejó de inmediato la casa en la que vivían porque no se había asesorado legalmente, ni sabía como reaccionar al momento. Pasaron pocos meses y acudió a la FGE, denunció la agresión sexual y ese mismo día se salió de la casa.
En agosto inició el proceso de la denuncia penal por el delito sexual y en diciembre – ambos de 2022 — el familiar.
El 26 de diciembre de 2025, dos años después de interponer la denuncia, se determinó la vinculación a proceso de Celso, sin embargo, a meses, aún no le ha colocado el brazalete localizador, que se determinó utilizará como medida cautelar.
“Logramos la vinculación a proceso penal por cuatro cargos. La jueza no desestimó ninguno. Pasaron dos años para que se hiciera la audiencia porque su abogado, David Dorantes, ponía muchas trabas para esto”, relató.
A la par del proceso penal por el delito sexual, Andrea está luchando en el proceso familiar, que generó el expediente 1536/2022, por la custodia de Chapis, la hija que tuvo con Celso. Teme por la integridad de la pequeña. Aun así, hasta antes de la vinculación a proceso, el juez Luis Fernando Dorantes Canche autorizó las convivencias y en un segundo momento, cambiaron el régimen para que pudiera llevarse a la menor con él.
“El juez no quería hacer caso del proceso penal, dijo que era inocente porque la carpeta no estaba judicializada (…) Me preguntó que porqué no quiere que se den visitas, le comenté del delito sexual, de la violencia que vivía
Durante poco más de cinco meses llevó a Chapis a las convivencias que determinó el juez en el Cecofay, hasta que un domingo le notificaron que se cambió el régimen, ya que Celso apeló y permitieron que se lleve a la niña con él. Ante el peligro que esto representaba para la menor; Andrea decidió dejar de llevar a la niña y promovió el amparo 1749/2025 para impedir que su hija estuviera a solas con Celso.
“Siempre fui clara en ese proceso, el juez (Luis Fernando) siempre ignora lo que cree que para él no es válido”, acotó.
Celso le enviaba videos de contenido sexual a la menor e intentaba persuadirla para jugar con dinámicas que implicaban tocar su cuerpo.
Las pruebas de psicología forense determinaron que fue víctima de abuso sexual y en consecuencia desarrollo depresión severa. La situación psicoemocional necesitaba atención urgente porque estaba en riesgo de cometer suicidio.
“Perdió dos años de escuela porque estaba muy mal, no se podía concentrar. Busque ayuda particular y ahora mis dos hijas van a terapia psicológica para salir adelante”, esbozó con tristeza Andrea.
Celso continúa ejerciendo violencia contra Andrea y sus hijas
En lo que sigue el proceso familiar, se fijó una pensión alimenticia provisional de 2 mil 200 pesos mensuales, cuando el ingreso promedio de Celso es entre los 30 y 40 mil pesos. Él junto con Andrea, en el 2020, en la pandemia del Covid, abrieron juntos una taquería llamada Tacomanía, que ahora tiene tres sucursales: Polígono, Héroes y las Américas.
Andrea dejó de trabajar como empleada en el local comercial de un centro comercial, debido a la contingencia sanitaria y porque se embarazó de Chapis. Entonces, emprendieron juntos. Sin embargo, para no pasar pensión, Celso pasó todo a nombre de su mamá.
Andrea platicó que siempre existió violencia. Narró que cuando se enojaba con ella, Celso la bajaba del automóvil, sin importar en donde estuviera y no le permitía llevarse la cartera, ni el celular. “Yo tenía que ver cómo regresar a casa”, apuntó.
En otras ocasiones la dejaba encerrada en casa. Le ponía llave al portón y la puerta para impedir que saliera. “Si hubo violencia física, me empujaba y apretaba de los brazos”, confesó.
Andrea teme ser víctima de violencia a vicaria, ya que después de la separación, él intentó llevarse a Chapis a la fuerza. Además, aunque parece increíble, intentó denunciarla a ella por violencia vicaria, por evitar dejarlo a solas con la menor.
La próxima audiencia por la denuncia de abuso sexual contra Chiquis será hasta el mes de abril.
