Texto por Sofía Vital
Fotografia por Patricio Eleisegui
Mérida, Yucatán a 18 de marzo de 2026.-El sueño en el fraccionamiento Gran Calzada, Umán, Yucatán, nunca es profundo. Entre el zumbido constante, las vibraciones que suben por las paredes y ese persistente olor a gas que se cuela, descansar se ha vuelto un acto de fe. Pero anoche, tras las noticias que llegaron desde Tabasco, para los vecinos el sueño simplemente no llegó.
La tragedia en la Refinería Olmeca (Dos Bocas) del 17 de marzo, con un saldo de cinco personas fallecidas, provocó que los habitantes de Gran Calzada volvieran la mirada hacia el booster de Mayakán que se levanta a pocos metros de sus casas. Una infraestructura masiva que, para muchos, ha dejado de representar progreso para convertirse en una amenaza latente.
Han pasado tres meses desde que el gobernador Joaquín Díaz Mena prometió un dictamen de riesgos integral. Para la política, noventa días pueden ser apenas un trámite; para quienes viven bajo el asedio del ruido industrial, es una eternidad de incertidumbre.
La apatía ciudadana, de la que tanto se habla, no nace del desinterés. Nace del desgaste. Como advierten las voces del colectivo Un Yucatán con Energía Segura, el vacío que dejan las autoridades no se queda vacío: lo ocupa la negligencia. Las familias aquí no quieren ser vistas como conflictivas, pero mucho menos están dispuestas a ser tratadas como si no entendieran el riesgo que habitan.
La responsabilidad se dispersa entre la empresa Engie, la constructora Casitas y una Agencia de Energía estatal que, bajo el mando de Pablo Gamboa Miner, no ha respondido con la urgencia que la situación exige. Mientras tanto, el dictamen de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) permanece sin hacerse público, un silencio oficial que los vecinos interpretan como una señal clara de que los intereses económicos pesan más que la vida humana.
“No podemos esperar a que ocurra una desgracia similar en Umán para que el gobierno actúe”, advierte el comunicado emitido por la comunidad. El reclamo es directo: la publicación inmediata del dictamen de riesgos y un calendario concreto de acciones que garanticen su seguridad.
Lo que ocurre en Umán no es un caso aislado. En México, el gas natural sostiene cerca del 60% de la generación eléctrica y, sin embargo, el sistema opera con niveles mínimos de almacenamiento y sin una estrategia integral para enfrentar fallas o emergencias.
En ese contexto, la expansión de infraestructura gasífera no solo distribuye energía: también distribuye riesgo. Y ese riesgo no se reparte de manera abstracta, se concentra en territorios específicos.
A menos de 100 metros del booster de Mayakán, en Gran Calzada, esa vulnerabilidad deja de ser un concepto técnico y se vuelve vida cotidiana: ruido, vibraciones, miedo. Aquí, los vecinos no son una excepción; son la evidencia viva de un modelo energético que funciona… hasta que falla.
La prevención no es una opción de cortesía política, es una obligación constitucional. Hoy, en Gran Calzada, la exigencia no es solo por un documento pendiente. Es por algo más básico: el derecho a volver a dormir sin el miedo de que el próximo estruendo no sea un sueño, sino el inicio de una tragedia que todos vieron venir y que nadie quiso evitar.
