Guadalupe Ávila interpuso un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito para obligar a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a activar la Alerta Amber por la sustracción de su hijo de 12 años, cometida presuntamente por su expareja, Erick Humberto Padilla Chan. A pesar de los antecedentes de violencia familiar y la denuncia por violencia vicaria, las autoridades estatales se negaron inicialmente a publicar la ficha de búsqueda, sumando este caso a la estadística de impunidad y disparidad judicial que rodea a este delito en la entidad.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 05 de marzo de 2026.— Guadalupe Ávila denunció ser víctima de violencia vicaria. Desde el pasado 28 de febrero, su expareja y padre de su hijo, Erick Humberto Padilla Chan, sustrajo a Matías Eliam Padilla Ávila, de 12 años. Tras la denuncia, la madre tuvo que interponer un amparo para obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán a publicar la Alerta Amber.
El 28 de febrero, Ávila acudió a la agencia 29 de la FGE, ubicada en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY). En el sitio, le informaron que enviarían los oficios a las autoridades correspondientes, pero que no publicarían la ficha de búsqueda.
“Pedí que activaran la Alerta Amber, pero dijeron que no; que primero girarían oficios a las instancias y determinarían si era necesario. Aun así, acudí al área de personas desaparecidas de la Fiscalía para pedirles que emitieran la ficha. Les expliqué que había antecedentes de violencia y aun así se negaron”, relató Guadalupe en entrevista.
La publicación de la ficha de búsqueda de Matías representó un calvario legal para Guadalupe entre la Fiscalía y los juzgados. El domingo 1 de marzo, acudió al Juzgado Séptimo Mixto de lo Civil y Familiar —instancia que le otorgó la custodia de Matías—, pero se encontraba cerrado por ser día inhábil. Fue remitida al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar, que estaba de guardia, donde le advirtieron que no podían intervenir y que debía regresar al Juzgado Séptimo.
El lunes, al volver al Juzgado Séptimo, las autoridades le aseguraron que habían enviado a un actuario al domicilio donde supuestamente vivía Erick, el presunto agresor vicario, pero no lo hallaron ni a él ni a su hijo.
“Dijeron que no podían hacer nada y que buscara asesoría legal; ese día interpuse un amparo”, agregó la madre. Guadalupe cuestiona en qué momento enviaron al actuario, si ella acudió el día anterior y el juzgado permanecía cerrado.
Con el respaldo del abogado Moisés Velázquez, interpuso el amparo 513/2026, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán. El litigante señaló que la Fiscalía negó la activación de la Alerta Amber aduciendo actos de investigación previos. Subrayó que, bajo el artículo 4.º Constitucional, las autoridades deben velar siempre por el interés superior del menor.
Desde 2022 —año en que se reformó la ley y se reconoció la violencia vicaria en la entidad— hasta enero de 2026, la FGE de Yucatán solo ha registrado 14 denuncias por este delito y ninguna carpeta ha sido judicializada. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado reporta 17 juicios por violencia vicaria en curso, lo que evidencia una disparidad entre las denuncias penales y los procesos familiares.
¿Ruta de violencia vicaria?
Guadalupe Ávila y Erick Humberto Padilla Chan vivieron en unión libre tras el nacimiento de Matías Eliam. La relación terminó debido a diversos episodios de violencia familiar. “Una noche me sacó de la casa y tuve que resguardarme en la Fiscalía de la Mujer; mi hijo tenía solo dos años”, recordó Guadalupe.
Otro incidente ocurrió el 24 de diciembre de 2017, cuando Erick agredió al padre de Guadalupe, un adulto mayor, provocándole fracturas en la nariz y la mandíbula. En 2018, un año después de la separación, ella obtuvo la custodia de Matías y se estableció un régimen de convivencia. Inicialmente, Erick recogía al menor los viernes al salir de la escuela y lo regresaba a las 9:00 p. m.; los sábados se repetía una dinámica similar, aunque posteriormente se acordó que el menor pernoctaría con su padre hasta el sábado a la 1:00 p. m.
La sustracción ocurrió cuando Guadalupe decidió cursar una especialidad médica. Durante un mes de vacaciones en el que visitó a su familia en Tlaxcala, el menor permaneció con su padre. A su regreso, el 15 de febrero, Erick demoró la entrega de su hijo hasta el 20 de febrero.
El 21 de febrero, Matías pidió quedarse una semana más para jugar con sus primos. Guadalupe accedió y Erick devolvió al niño el 27 de ese mes. Ante la preocupación por estos retrasos, ella le anticipó a su expareja que retomarían el régimen de convivencia original; fue entonces cuando él solicitó quedarse nuevamente con el menor.
“Me siento muy mal, no he podido dormir. Siento una gran angustia porque sé lo difícil que es la violencia vicaria y lo complejo que es rescatar a los niños. Tengo amistades que han pasado años solo integrando carpetas sin ver una solución”, declaró Guadalupe.
Erick, quien labora en el área de sistemas de la delegación del IMSS, solicitó una licencia sin goce de sueldo, lo que convence a Guadalupe de que la desaparición con su hijo fue planificada, dado que el sindicato suele tardar entre una y dos semanas en aprobar dichos permisos.
