Por Sofia Vital
Por momentos, Mérida pareció detenerse. Eran casi las 7 de la noche cuando el tráfico en el Periférico, a la altura del kilómetro 48, cerca de la entrada al fraccionamiento Paseos de Mérida – Gran Calzada, comenzó a colapsar.
Un grupo de vecinos mantenía bloqueado el paso vehicular en protesta por la construccióndel Booster del Gasoducto Mayakán-Engie.
Elementos de seguridad vigilaban el desarrollo de la manifestación. El caos vehicular era inevitable, pero los manifestantes estaban firmes: sin respuesta, no se moverían.Horas después, ante el desquiciamiento vial, los habitantes accedieron a abrir un carril exterior para permitir el paso de los vehículos.
El llamado booster no es una simple obra de infraestructura: se trata de una estación de compresión encargada de aumentar la presión del gas natural para que continúe su trayecto por el ducto. Sin embargo, su operación implica riesgos potenciales, como fugas, explosiones, ruido constante y contaminación del aire, especialmente preocupantes al encontrarse a escasos metros de zonas habitadas.
El enojo era evidente. “¿Para qué protestan?”, gritaban algunos automovilistas atrapados entre la desesperación. “¡No al gasoducto!”, respondían los vecinos cansados, convencidos de que su bienestar —prometido en múltiples ocasiones— nunca llegó.
Durante la protesta se vivieron momentos de tensión. Algunos automovilistas intentaron cruzar entre la multitud sin pensar en las consecuencias. Una camioneta con dos pasajeros logró abrirse paso casi atropellando a los manifestantes, terminando por aplastar la bocina que los vecinos utilizaban para comunicarse.
A pesar del miedo y la rabia, los habitantes mantuvieron su posición, decididos a no retroceder. Entre gritos y sonidos de claxon, una de las vecinas se acercó a los automovilistas para expresar con voz firme, aunque cansada: “No queremos dañar a nadie, ni a los automovilistas ni a la ciudad —dijo—, pero las autoridades nos han orillado a esto”.
Los vecinos aseguran que el proyecto viola su derecho constitucional a un medioambiente sano, establecido en el Artículo 4º de la Constitución.
Además, denuncian el incumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que exige un Manifiesto de Impacto Ambiental específico para obras de alto riesgo. Los manifestantes afirmaron tener la fundamentación legal para sostener sudemanda, pues, según dicen, el proyecto no cuenta con un MIA específico, solo con una MIA regional que no considera los riesgos locales.
Los inconformes denunciaron presuntos actos de corrupción luego de que la jueza Mercedes del Sol Hernández, del Tercer Juzgado de Distrito, retirara la suspensión temporal de las obras, decisión que —afirman— favoreció a la empresa Energía Mayakán-Engie.
El nombre de la jueza Mercedes del Sol, del Tercer Distrito Federal, resonó entre los manifestantes. Fue ella quien, en un principio, había otorgado la suspensión provisional de los trabajos, pero —aseguran los vecinos— en menos de 12 horas la medida fue revocada tras una queja de la empresa.
“Nosotros tardamos un mes entero en juntar las firmas, los papeles, las copias para el amparo; ellos, en medio día, lo echaron abajo”, relató un habitante con evidente indignación.
Y es que los vecinos afectados por este gasoducto llevan más de mes y medio buscando respuestas: primero acudieron al Ayuntamiento, luego al Gobierno del Estado, y aún así nadie los ha querido conectar con el Gobierno Federal. Mientras tanto, la empresa Energía Mayakán-Engie continúa con sus obras, pese a la inconformidad vecinal.
Al lugar acudieron representantes del Gobierno del Estado, y José Tun, del Gobierno Federal. Sin embargo, los vecinos exigieron la presencia directa del gobernador Huacho Díaz Mena y de un representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que solo así serían realmente escuchados.
“Vamos a estar atentos, porque mañana vuelven a encender las máquinas, y si tenemos que cerrar otra parte del periférico, lo vamos a hacer. Que responda el Gobierno Federal”, concluyeron algunos vecinos preocupados por el mañana.
Pese a que el ambiente seguía tenso, detrás del cierre no solo hay enojo por un proyecto energético, sino un hartazgo social más profundo.
El temor de los vecinos no surge de la nada. En México, accidentes por gasoductos han dejado huellas imborrables: en Tlahuelilpan, Hidalgo, una explosión cobró más de un centenar de vidas; en Puebla, otra fuga destruyó viviendas enteras. Y aunque en Yucatán no se han registrado tragedias de tal magnitud, la cercanía de estas obras con zonas habitadas mantiene latente el miedo a que la historia se repita.
En distintos fraccionamientos del estado, los vecinos enfrentan la falta de agua, luz e infraestructura básica. Algunos relatan que han encontrado víboras de cascabel en loscaminos sin iluminación, un recordatorio de que la naturaleza estaba allí antes que las inmobiliarias.
“La gente aplaude cerrar una calle por una película y se molesta cuando cerramos el periférico por defender nuestras vidas”, comentó uno de los vecinos, con cansancio pero también con lucidez. Una frase que retrata con crudeza el estado emocional de una sociedad que ha perdido la empatía.
La CODHEY (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán) nunca llegó al lugar. Solo cincuenta vecinos permanecieron en el plantón, sosteniendo pancartas, velas y la esperanza de ser escuchados.
Hace un año, durante un simposio sobre turismo, se habló de la necesidad de dejar de vender Yucatán como un destino y empezar a pensar en los ciudadanos. Sin embargo, el panorama actual parece contradecir aquella reflexión. La expansión urbana avanza sin equilibrio, sin planeación, sin humanidad.
“La vida digna es un sueño aquí en Yucatán”, dijo una vecina al final de la jornada. Quizá por eso, como una vecina escuche decir, “la desajenación es la liberación de la sociedad”, una frase que suena como advertencia, pero también como una promesa: despertar y recuperar el sentido de comunidad antes de que sea demasiado tarde.
