La cervecera tiene planeado producir 4 millones de hectolitros de cerveza al año en una de las zonas más vulnerables en disponibilidad de aguas subterráneas, esto significa que millones de litros de agua estarán destinados al uso industrial en lugar de satisfacer primero las necesidades de comunidades locales, indígenas y afromexicanas que están reportando escasez, poca presión en el suministro y daños en los pozos de la región.
Por Kiki Vc.
La instalación de una nueva planta cervecera en Kanasín tiene un alerta tanto a comunidades como a grupos ciudadanos en Yucatán. Según el comunicado emitido por el Grupo Promotor Controlaría Ciudadana Autónoma del Agua en Yucatán, el proyecto pone en evidencia el triunfo de los intereses privados sobre el derecho de toda la población al acceso vital líquido.
La cervecera tiene planeado producir 4 millones de hectolitros de cerveza al año en una de las zonas más vulnerables en disponibilidad de aguas subterráneas, esto significa que millones de litros de agua estarán destinados al uso industrial en lugar de satisfacer primero las necesidades de comunidades locales, indígenas y afromexicanas que están reportando escasez, poca presión en el suministro y daños en los pozos de la región.
Este procedimiento, además, deja de lado el procedimiento de consulta libre, previa e informada dispuesto en el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo y de acuerdo de Escazú que busca que las comunidades sean involucradas en decisiones que puedan tener impactos en el medio ambiente o en sus recursos. Así como el derecho al acceso al agua recogido del artículo cuarto de la constitución mexicana: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El grupo promotor advierte que el modelo de desarrollo elegido para Kanasín puede tener consecuencias profundas, podría llevar a una sobreexplotación de los acuíferos, salinización de los pozos, debilitamiento de la seguridad hídrica, daños al entorno natural y problemas sociales como el incremento en el alcoholismo juvenil en comunidades originarias.
Así como en Kanasín, comunidades indígenas y grupos ciudadanos están en pie de lucha para evitar que el acceso al agua sea acaparado y utilizado en nombre de la inversión privada. Por ejemplo, el río Tula, Hidalgo; enfrenta una situación alarmante de contaminación debido al vertido de aguas residuales sin tratar; esto ha provocado daños en la salud de miles familias, como reportes de cáncer, padecimientos renales y otras enfermedades. Dentro de su entorno ha debilitado tanto a los animales como cultivos. Ambos casos muestras que el acceso al agua, reconocido en el artículo cuarto de la constitución mexicana y protegido también por el acuerdo Escazu, enfrenta amenazas muy semejantes en distintas regiones de México: empresas y autoridades están anteponiendo el progreso económico a la vida de comunidades vulneradas, sin darles participación en las decisiones que más les afectan.
Frente a este panorama, el grupo exigió la cancelación definitiva de la planta cervecera en Kanasín, considerando que están en juego tanto el futuro de comunidades en situación vulnerable como el equilibrio de los recursos en toda la Península de Yucatán, la organización enfatiza que el territorio es más que una fuente de riqueza; es el lugar de vida de familias, animales, flora y de toda una red vital que enfrentan daños irreversibles en nombre de un progreso que deja más daño que beneficios.
