El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Yucatán, se violentó el derecho de la protesta de las mujeres que se manifestaron; concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Del tema, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, “Huacho”, fue cuestionando en una transmisión en vivo, pero no se pronunció al respecto.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Yucatán, se violentó el derecho de la protesta de aquellas que se manifestaron; concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Del tema, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, “Huacho”, fue cuestionando en una transmisión en vivo, pero no se pronunció al respecto.
Omitió hablar del tema, en cambio se llamó asimismo solidario con la lucha de las mujeres.
“Quiero decirles amigas y amigos, que como gobernador del estado expreso mi más profundo apoyo y solidaridad a la lucha constante de todas las mujeres por la igualdad de género y sus derechos”, expuso.
El pasado 8M fue la primera ocasión que se utilizó gas lacrimógeno y agua a presión para intentar que se dispersaran las manifestantes. Las agresiones iniciaron porque intentaron derribar las vallas que protegían el Palacio de Gobierno.
Colectivas feministas y organizaciones también se pronunciaron al respecto. Señalaron que el Estado puso en riesgo la seguridad de las participantes de la protesta del 8M. Se usó la violencia injustificadamente.
“Fue un acto de violencia injustificable que puso en riesgo no solo a quienes marchamos, sino especialmente al contingente de personas con discapacidad y a la niñez, quienes debieron haber sido protegidos y no expuestos a una situación de peligro”, especificaron.
El comunicado fue firmado por Frente Nacional para la Sororidad Yucatán, el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad-CEJUDI, Acciones para la Mujer AC , Unasse A.C., Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio A.C. y la Red de Acompañamiento Yucatán AC.
Aunado a esto, Díaz Mena reitero que apoyaba la libertad de expresión y manifestarse. Activistas feministas exigen medidas de no repetición y una investigación. «Como gobernador tengo la obligación de cuidarlas, de protegerlas, así como a terceras personas», mencionó.
La Codhey inició una queja de oficio para investigar los hechos.
