Por Fabio Fuentes
Mérida, Yucatán a 28 de noviembre de 2024.-Sharon Cimá Nail enfrentó un nuevo revés en su lucha por recuperar a sus dos hijas, tras más de seis meses de torturas, vejaciones, y un profundo daño moral, físico y psicológico. Después de un arduo proceso lleno de obstáculos legales y administrativos, Sharon denunció que, cuando finalmente parecía estar cerca de lograr la reunificación familiar, las autoridades le impusieron nuevas trabas en las menores, negándole nuevamente la posibilidad de regresar con ellas.
El origen de este caso se remonta a una denuncia presentada por el comandante Roca, un policía del municipio de Kanasín, quien presuntamente habría utilizado su posición para acusar a Sharon luego de que esta rechazara sus insinuaciones y pretensiones personales. Desde entonces, Sharon asegura haber sido víctima de una cadena de acciones que resultaron en la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Yucatán (PRODENNAY) y la separación de sus hijas.
“Es un sistema que siempre protege a los agresores y criminaliza a las mujeres que se defienden”, señaló Sharon, visiblemente afectada. Según su testimonio, lo que debía ser un proceso de protección infantil se convirtió en un mecanismo que perpetuó su sufrimiento.
El pasado 27 de noviembre, Sharon denunció haber sido víctima de un acto de extrema violencia por parte de la procuradora María Jesús Ocaña Dorantes, durante una interacción en las oficinas de PRODENNAY. Este hecho se suma a las múltiples denuncias de irregularidades en el manejo de su caso, donde, asegura, las instituciones no han mostrado sensibilidad hacia su situación ni hacia el bienestar de sus hijas.
La abogada Dariana Quintal, representante de la organización «Yucatán No Más Negocios con Nuestros Hijos», destacó que el caso de Sharon es un ejemplo de cómo las instituciones, en lugar de garantizar justicia y protección, terminan revictimizando a quienes sufren violencia. “No es posible que se utilicen argumentos como la alienación parental para justificar la retención de las menores, cuando está claro que se trata de un abuso de poder”, expresó Quintal.
Por su parte, María Ravelo, activista y representante de la asociación J.E.R.E., señaló que este caso refleja las graves fallas estructurales en el sistema de protección infantil y de procuración de justicia en Yucatán. “Las instituciones no están del lado de las víctimas, y eso deja en total desamparo a mujeres como Sharon, que no solo enfrentan la pérdida de sus hijos, sino también el daño psicológico y moral que esto conlleva”, afirmó.
Sharon Cimá ha insistido en que la intervención del gobernador del estado es crucial para esclarecer los hechos y garantizar justicia en su caso. Tanto ella como sus representantes exigen una investigación a fondo sobre las acciones del comandante Roca y la procuradora Ocaña Dorantes, así como una revisión del actuar de PRODENNAY.
Por su parte, la abogada Dariana Quintal indicó: «Es sorprendente que las dos ex procuradoras de PRODENNAY, Guliana Pacheco Garrido e Irene Torres Ortegón, ocupen actualmente cargos públicos, a pesar de haber sido denunciadas por ‘corrupción y trata de menores’. Habiendo tantas personas preparadas y con trayectorias limpias, es incomprensible que se les premie con estos puestos. Además, se cuestiona la falta de consecuencias, ya que ‘tuvimos bastante cuando ambas fueron procuradoras’ y ahora, ‘personas con antecedentes delictivos no deberían estar en esos puestos’.»
El rechazo a estas decisiones es evidente, pues se espera que las familias afectadas por su gestión levanten la voz para que «sean destituidas». En palabras de Quintal, «estoy en todo mi derecho de exigir que esas personas no sigan ocupando cargos públicos», pues considera que es momento de hacer valer los derechos ciudadanos y demandar un cambio, sin importar los «compromisos políticos».
Este caso ha generado indignación entre colectivos de derechos humanos y organizaciones de apoyo a las mujeres, quienes advierten sobre el impacto de estas prácticas en las víctimas de violencia. Sharon, al igual que otras madres en situaciones similares, sigue exigiendo justicia y una solución que le permita recuperar a sus hijas y superar el daño sufrido.
