Por Fabio Fuentes.
Kanasín, Yucatán, 21 de Noviembre de 2024.-La vida de Sharon, una joven estilista de 29 años con dos hijas pequeñas, cambió drásticamente tras un encuentro con el comandante May Castro, apodado “Roca”, de la policía municipal de Kanasín, Yucatán. Según el testimonio de Sharon, el comandante comenzó a hostigarla luego de que ella rechazara sus avances. Este acto de resistencia marcó el inicio de un calvario de acoso, intimidación y abuso institucional que ha destrozado su vida y la de sus hijas.
El inicio de la pesadilla
Sharon, madre soltera y emprendedora, quien combina su trabajo como estilista con la venta de productos por internet, recibió una advertencia explícita tras rechazar a May Castro: “A mí ninguna me dice que no. Esto te va a costar caro”. Desde ese momento, el hostigamiento por parte de la policía municipal de Kanasín no cesó.
La situación culminó el 1 de julio de este año, cuando Sharon acudió a realizar un servicio de estilismo en la casa de una clienta, acompañada de sus hijas de 4 y 5 años. Mientras realizaba su trabajo, salió brevemente para entregar un pedido. En el trayecto, dos policías municipales la interceptaron y la bajaron del mototaxi en el que viajaba. Con intimidaciones, le exigieron información sobre la ubicación de sus hijas. Cuando Sharon explicó que estaban con su clienta, los policías irrumpieron en la casa sin orden judicial y se llevaron a las menores. Desde entonces, Sharon no ha vuelto a verlas.
Acusaciones falsas y tortura
Tras este incidente, Sharon fue arrestada bajo una acusación falsa de haber “asaltado el mototaxi”. Este pretexto, según su denuncia, solo fue utilizado para justificar su detención arbitraria. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un infierno de amenazas, tortura y abuso por parte de las autoridades.
Cuando Sharon intentó denunciar los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos y buscar apoyo en los medios de comunicación, las represalias se intensificaron. En una ocasión, dos mujeres policías la sometieron físicamente, la amordazaron y le advirtieron que cualquier intento de “hacer ruido” pondría en riesgo su vida y la de sus hijas. “A nadie le importas, ni tú ni tus hijas”, fue una de las frases que le dijeron, dejándola completamente desprotegida.
Violencia institucional y complicidad
Los abusos no terminaron ahí. Elementos policiales allanaron la casa de Sharon sin autorización, destruyendo pertenencias de sus hijas, incluyendo sus juguetes, y robando varios de sus objetos personales. Sharon también denunció que sus hijas fueron trasladadas a una institución privada, amparados en una ley estatal que prohíbe a los padres tener contacto con sus hijos mientras se resuelve una acusación en su contra.
A pesar de acudir a la Fiscalía General del Estado para denunciar estos hechos, Sharon ha enfrentado múltiples obstáculos: inacción, intentos de desestimar su caso y el aparente encubrimiento de las autoridades municipales. El director de la policía municipal, Manuel Jesús Pool Moo, también ha sido señalado como cómplice por no actuar ante estas graves irregularidades, permitiendo que elementos como May Castro actúen con total impunidad.
El llamado de auxilio
La abogada y activista Dariana Quintal, quien ha tomado el caso de Sharon, ha denunciado la existencia de una red de corrupción y abuso dentro de la policía municipal de Kanasín. Según Quintal, el municipio opera bajo el control de una “corporación de maleantes” que roba, intimida y acosa sistemáticamente a las mujeres.
“Si una mujer denuncia, con o sin pareja, automáticamente se convierte en blanco de acoso sexual por parte de la policía”, señaló la abogada, haciendo un llamado urgente al gobernador y al fiscal general del estado para intervenir en este y otros casos.
Exigencia de justicia
Sharon, desesperada por recuperar a sus hijas, quienes recientemente cumplieron años separados de su madre, es un ejemplo del profundo nivel de violencia institucional que afecta a las mujeres en México. Su historia es una denuncia de la impunidad que impera en Kanasín, donde las autoridades parecen más interesadas en proteger a los agresores que en garantizar justicia.
Este caso requiere una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades estatales y federales. No solo está en juego la vida de Sharon y el bienestar de sus hijas, sino la credibilidad de un sistema de justicia que, hasta ahora, ha demostrado ser incapaz de proteger a las víctimas de abuso.
