El Juzgado Quinto de Distrito admitió una demanda de amparo en contra del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado por la designación de Luis Armando Mendoza Casanova como magistrado del Poder Judicial de Yucatán. Activistas feministas denunciaron que tiene antecedentes por cometer violencia de género.
Por Andrea Segura Rodríguez.
Mérida, Yucatán, 17 de enero de 2024.- El Juzgado Quinto de Distrito admitió una demanda de amparo en contra del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado por la designación de Luis Armando Mendoza Casanova como magistrado del Poder Judicial de Yucatán. Activistas feministas denunciaron que tiene antecedentes por cometer violencia de género.
“Un juzgador con los antecedentes de Mendoza Casanova, representa un riesgo para el acceso a la justicia con perspectiva de género de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en el estado”, indicó la académica y activista Ligia Vera.
Afueras del Congreso del Estado de Yucatán, el grupo de mujeres integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres, de la Red de Mujeres por la Democracia Paritaria y la Red de Acompañamiento Yucatán, informaron que promovieron el amparo 32/2024 el 4 de enero, mismo que ya fue aceptado.
Será la jueza Grissel Rodríguez la encargada de revisar el asunto. esperan ganar el amparo y se reponga el proceso de designación.
“Esto se puede considerar como un primer paso para que se analice la inconstitucionalidad derivada del nombramiento del magistrado que como hemos señalado no cumplía los requisitos para ese cargo”, señalaron.
Otro de los motivos por los que se admitió el amparo es porque existió una violación al procedimiento de nombramiento. Explicaron que no se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 116 de la Constitución Mexicana, relativos a la honorabilidad y buena reputación que deben contar los aspirantes a magistraturas.
De momento se encuentran a la espera del informe a la jueza del Juzgado Quinto, que valorará si el acto que se reclama significa una violación a la Constitución Federal y Estatal. La siguiente audiencia donde se resolverá esta controversia está programada para el 16 de febrero.
